martes, 24 de marzo de 2015

El revival de los peores excesos del liberalismo decimonónico.








 Ricardo Herreras Santamarta/

                                                                      LA FOTO

Toda foto esconde una historia detrás. La de ésta en concreto -la cual conozco gracias a mi amigo Alberto Flecha y que me contó una noche mientras nos tomábamos unas cañas por el Húmedo- merecería figurar con letras de oro en todos los manuales de nuestra provincia, pero lo cierto es que ha sido demasiadas veces ocultada, cuando no directamente manipulada: la lucha por los terrenos comunales. Fue en 1971 cuando el historiador E. P. Thompson acuñó el concepto de "economía moral" para referirse a toda una serie de prácticas económicas tradicionales caracterizadas por un uso colectivo de los recursos naturales (explotación de montes, pastizales o tierras de cultivo) que se retrotraían a la Edad Media y de las cuales se obtenían beneficios (en forma de pastos, leña, cereales, etc.) para la comunidad y que el liberalismo intentó erradicar en el siglo XIX para que las relaciones sociales estuviesen definitivamente subordinadas al arbitrio del mercado.

Bajo el convulso reinado de Isabel II (1833-1868), con la excusa de que las propiedades improductivas en poder de las diferentes órdenes religiosas fuesen administradas por una burguesía que realmente enriqueciera al país, la nefasta desamortización del ministro de Hacienda Juan Álvarez Mendizábal provocó que muchas de estas tierras trabajadas durante siglos por el pueblo fuesen a parar a las codiciosas manos de ricos terratenientes y especuladores sin escrúpulos. El más que amañado procedimiento seguido para evitar que los “baldíos” pasaran a las gentes del común consistió en subastar las propiedades expropiadas a Iglesia en grandes lotes que los pequeños propietarios no podían costearse, aunque lo más determinante fue que se permitiera el pago del precio final de los remates con títulos de la deuda por su valor nominal, muy por debajo entonces de su valor real en el mercado.

En León, la resistencia popular ante tal atropello fue notable. Es el caso de Villaverde Sandoval, pueblo cercano al mío, cuyos vecinos emprendieron una desigual, titánica y memorable lucha que duró décadas contra la Administración y el cacique local. Finalmente, en un ejemplo de tenacidad, consiguieron ya en las primeras décadas del siglo XX recuperar una parte importante de los terrenos por los que litigaban. Y aquí están, posando en una foto histórica aquel día en que se firmó el acuerdo; pobres (algunos no llevan ni calzado), pero orgullosos y dignos. Con un par.

Hoy, en pleno revival de los peores excesos del liberalismo decimonónico y bajo otro ministro de Hacienda, los bienes comunales han vuelto a ser brutalmente  atacados desde una Administración Pública cada vez más entregada a intereses espurios. Por suerte, y en lo que a León respecta, el ejemplo de Villaverde Sandoval se ha mantenido de algún modo vivo en la memoria y la reacción de nuestros Concejos y Juntas Vecinales ha sido (y está siendo) notable para parar el golpe de la llamada “Ley Montoro”. Desde luego, nada teme más el modelo neoliberal que el pueblo interiorice y asuma de nuevo su legítimo derecho a recuperar esos espacios comunes que los más poderosos han usurpado de forma ilícita durante tanto tiempo.


                                                                                  RICARDO HERRERAS



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